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Miércoles 20 de Febrero del año 2008 » 1:15 Horas.
Cambios a Ley de Concesiones Elevarán Riesgos de Proyectos
Tres elementos clave de los cambios propuestos a la ley de concesiones...

Fiscal de Copsa y abogada del estudio Morales & Besa, identificó tres aspectos de la iniciativa que a su juicio encarecerán el sistema.

Tres elementos clave de los cambios propuestos a la ley de concesiones, que en estos momentos estudia el Parlamento, pueden elevar el riesgo de las inversiones y, por ende, el costo de los proyectos, a juicio de la abogada María Loreto Silva, del estudio Morales & Besa y fiscal de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (Copsa).
La abogada describió que, cuando se estableció en Chile el sistema de concesiones, se definió un modelo jurídico que diese garantía suficiente a los inversionistas nacionales y extranjeros, no sólo a quienes serían concesionarios, sino a los financistas, y para que las obras se pudieran realizar y que la tarifa fuese lo más barata, “porque el riesgo lo paga el usuario”. Y comentó que muchas de las modificaciones propuestas por el Gobierno están cambiando esas “certezas jurídicas”.

Modificaciones

Término de contratos por razones de interés público
La jurista señaló como primer elemento el que, de acuerdo al proyecto en trámite, el MOP podrá poner término al contrato en la etapa de construcción por razones de interés público, aspecto que deberá ser tomado en cuenta para los contratos futuros.
Indicó que el abanico de motivos que se podrían esgrimir es muy amplio y que, por tanto, la reacción natural de un financista que se tope con esta cláusula, será que necesariamente el proyecto tendrá un riesgo mayor e implicará que se eleve su costo, “sobre todo en la etapa de construcción, que es bastante riesgosa en desarrollar este tipo de contratos”.

Llamado a licitación por caducidad de contratos

Explicó que actualmente, cuando se caduca una concesión a quien no ha cumplido sus obligaciones, se hace un llamado a licitación por el tiempo del contrato que falta por realizar y que es el mercado el que determina el valor.
El cambio que introduce el proyecto es que se faculta al Ministerio de Obras Públicas para optar entre hacer un llamado a licitación, o bien no hacerlo, sino que fijar un precio de compensación de común acuerdo. En tanto, en caso de no lograr ese consenso, se acuda a la comisión conciliadora.
A su juicio, esto también introduce mayores riesgos, porque se va a tener que negociar ese precio. “Tanto para los inversionistas como para los usuarios es mucho más transparente que el mercado determine el justo valor”, sostuvo.

Resolución de controversias

Indicó que este es el cambio más de fondo, debido a que las controversias ya no serán zanjadas por árbitros arbitradores.
Explicó que existen tres tipos de árbitros: El arbitrador, que resuelve de acuerdo a la sana crítica lo que la prudencia y la equidad le dicte; el árbitro en derecho, quien se debe regir tanto en los procedimientos como al momento de resolver, en estricto apego a lo que establece el Código de Procedimiento Civil, y debe remitirse estrictamente al tenor de los documentos y dejar fuera todo tipo de interpretación, y el árbitro mixto, quien tiene un procedimiento libre acordado entre las partes, pero falla conforme a Derecho.
María Loreto Silva sostuvo que es fundamental que continúe el sistema de árbitros arbitradores, por tratarse de contratos de larga duración, que tienen aspectos complejos a nivel técnico y económico, y que son redactados por una de las partes, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas.
Sostuvo que la modificación implicará la posibilidad de presentar más recursos, con lo cual los plazos para resolver se extenderán y aumentarán los costos.